1. La región del Río de la Plata tuvo un nacimiento penoso en materia de saneamiento ambiental, debido a su marginamiento del Comercio Imperial implantado por España en América, que sólo se limitaba hasta el Perú y desde allí a la "Flota de los Galeones".

Tal situación fue revertida con la llegada de la dinastía Borbón al crear Carlos III el Virreinato del Río de la Plata, intentándose un desarrollo regional para lo que se realizaron obras para la maniobra de los ríos y la habilitación de los cuatro puertos principales: Montevideo, Colonia del Sacramento, Ensenada de Barragán y Buenos Aires.

Nació la concentración del poder político en el Puerto de Buenos Aires a partir del siglo XIX, en detrimento de las localidades de provincias del interior.

Hasta ese entonces las mejoras urbanas fueron consecuencia de actividades puntuales de determinados sectores y no de un programa o acción del gobierno.

Recién en 1821 el Poder Ejecutivo propicia la gestión de un empréstito para la construcción del Puerto y en el año 1822 se dicta una ley para promover la colonización, fundándose dos pueblos y la instalación de las aguas corrientes en la ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, en la Ciudad de Córdoba en el año 1792 se habilitó un sistema mediante grifos públicos, el cual, constituye el primer antecedente de una medida de gobierno tendiente a dotar a una de las ciudades del Virreinato de servicios sanitarios, a través de la instalación de redes y conexiones.

Sin perjuicio de ello la propuesta gubernamental no fue cumplida, a pesar de contarse con los fondos a través de un empréstito desde 1824. Es el primer antecedente de una obra destinada al saneamiento que no fue realizada.

Pero un hecho externo, la aparición de una epidemia acaecida en 1867 que diezmó la población, se definió la urgente realización de una infraestructura olvidada: la del saneamiento.

2. Es así que en el año 1869 se comienza con el saneamiento urbano en nuestro país mediante la habilitación de los primeros servicios de abastecimiento de agua potable y desagües en Buenos Aires y luego se llevaron en la primer década del siglo XX los mismos servicios a las capitales de provincias y a la mayor parte de las ciudades urbanas del interior del país.

El comienzo de la operación de los servicios se efectuó mediante la concesión a una empresa privada, la "Buenos Aires Water Supply" quien a raíz de las condiciones imperantes en el país con motivo de la crisis económica nacional acaecida en el año 1890, obtuvo en el año 1891 la rescisión contractual.

Es entonces cuando la Nación asume la responsabilidad del saneamiento urbano en el año 1892 por Ley Nacional N° 2927 del 30 de diciembre de 1892 y se crea la Comisión de Obras de Salubridad.

En el año 1909 se elaboró el primer plan nacional de saneamiento y en 1912 se crea para su implementación un organismo denominado "OBRAS SANITARIAS DE LA NACION", mediante el dictado de la Ley N° 8889 del 18 de julio de 1912, destinado al estudio, construcción y administración de obras destinadas a la provisión de agua potable para uso doméstico "en las ciudades, pueblos y colonias de la Nación".

Se establece a partir de ese momento una verdadera escuela de ingeniería sanitaria, que alcanzó su máximo desarrollo en el año 1940, convirtiéndose en líder en América Latina.

El novel organismo comenzó asumiendo dos responsabilidades: una de ellas, expandir los servicios de provisión de aguas y desagües cloacales en Capital Federal y, la otra, prestar el apoyo técnico, económico y operativo a todas las ciudades del interior del país que lo requirieran.

La prestación de servicios por el Gobierno Nacional en las provincias se inició en virtud del interés común acorde con la organización de gobierno y en defensa del bienestar general y la salud de la población, pero fundamentalmente por la insuficiencia de medios financieros y técnicos de las provincias.

3. En el período que comienza en el año 1910 se alcanza el mayor auge en el saneamiento urbano del país.

En el año 1910 ya 14 capitales de Provincia contaban con servicios públicos de provisión de agua y 4 de ellas tenían desagües cloacales.

Sobre la base del Plan Director de 1909 se elaboraron los planes de ajuste. En 1923 se atendía una población de 6 millones de habitantes y en 1939 se direccionó la planificación del saneamiento urbano destinado a la creación del Área Sanitaria Metropolitana, e institucionalizarse la unidad técnico-administrativa del Aglomerado Bonaerense sobre tres aspectos fundamentales: 1) la provisión de agua, 2) la provisión de desagües cloacales y 3) la de desagües pluviales.

En 1940 los servicios alcanzaron - como ya se dijera- su máxima expansión, ya que además de la Capital Federal fueron extendiéndose a 14 Distritos de la Provincia de Buenos Aires. Ello dio origen a un sistema unificado que perduró hasta el momento del concesionamiento.

Tal sistema unificado tuvo su origen en tres condiciones técnicas fundamentales: a) los servicios de provisión de agua contaban con una fuente segura y confiable desde la Capital Federal a todas las jurisdicciones políticas linderas, desestimándose el uso de perforaciones, b) los desagües cloacales y la topografía de la región permitieron diseñar un sistema que por gravitación recogiera el 70% de los líquidos efluentes y c) los desagües pluviales integraban un único sistema con cuenca con independencia de las jurisdicciones por las que atraviesan, teniendo todos como destino final el Río de la Plata.

En el año 1943 se produce la transformación jurídica de la OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN creada en el año 1912, convirtiéndose por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 2743 del 14 de julio de 1943 - artículo 4°- en ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN.

En el año 1944 la unidad operativa antes explicitada tuvo su ratificación legal por el Poder Ejecutivo, estableciéndose que los servicios del Gran Buenos Aires vinculados a la Capital Federal integrarían una unidad técnico-económica, con lo que quedó conformada e institucionalizada el Área Sanitaria Metropolitana, la que habría de permanecer con igual conformación hasta el momento de la concesión de los servicios.

Este desarrollo fue generado por un Estado con potencial económico a raíz del auge agrícola-ganadero que sostenía el desarrollo de la obra pública y la inversión, lanzada de pleno a la actividad económica. Ello se vio luego paulatinamente resentido ya que esta actividad nunca fue considerada en el sentido de brindar un determinado grado de rentabilidad, sino como una obligación del Estado frente a la población.

Esta posición política mantenida en forma sostenida a través de los tiempos, derivó en una falta de financiamiento a partir del momento en que el Estado comenzó a intervenir en forma más activa en las actividades productivas de bienes y servicios, convirtiéndose en un "Estado empresario".

A aquella circunstancia se sumó la creciente inflación y una política tarifaría permanente que no lograba alcanzar a cubrir los gastos corrientes de operación y mantenimiento.

Todo ello generó el retraso que en materia de saneamiento acaeció en el país y que dio lugar a la imposibilidad de una reactivación del sector y puso fin al auge acontecido. Con el transcurso del tiempo se transformó en uno de los motivos que darían lugar al concesionamiento de la actividad.
 
 

4. En el año 1949 mediante la Ley 13.577 se dictó la Ley Orgánica de la ADMINISTRACION GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN.

Se fijó como finalidad de la misma el estudio, proyecto, construcción, renovación, ampliación y explotación de obras de provisión de agua, saneamiento urbano en la Capital Federal y ciudades y pueblos de la República y la exploración, alumbramiento y utilización de aguas subterráneas.

En este momento la Administración era la responsable del 85% de la actividad del sector, ejerciendo su rol de planificador, constructor y operador de los servicios de provisión de agua y desagües cloacales en la Capital Federal, el Gran Buenos Aíres. alcanzando a la casi totalidad del país.

Al promediar esta década se planteó la necesidad de encarar en forma integral el saneamiento básico de los grandes aglomerados, pero la transformación operada en la ADMINISTRACION GENERAL DE OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN fue exclusivamente de carácter jurídico, sin que gozara de una autarquía que le permitiera escindirse del poder central y tomar decisiones que modificaran la situación imperante.
 
 

5. El período 1950-1970, por las razones antedichas, derivó en forma negativa los niveles de expansión, pero fundamentalmente se vieron afectados notoriamente la operación y el mantenimiento de los servicios que se venían prestando.

El mantenimiento preventivo fue dejado de lado y reemplazado por una precaria reparación de equipos e instalaciones en la medida que iban quedando fuera de servicio. La reposición de elementos que culminaban su vida útil fue casi nula.

Los mismos procedimientos de operación fueron apartándose de las normas establecidas, hecho éste que aceleró el detrimento de los servicios.

Por tal razón se intentó paliar esta situación incentivando una activa participación comunitaria, lo que dio lugar a que la propia población asumiera a partir de ese momento gran parte del costo de las redes de distribución que se instalaban.

También se concretaron los primeros créditos con organismos internacionales, tendientes al desarrollo de requerimientos básicos.

En 1959 una decisión política intentó descentralizar los servicios que se prestaban, pretendiendo transferir esta responsabilidad a las Provincias, sin que dicha decisión llegara a concretarse debido a que no solucionaba la crisis económica del sector.
 
 

6. El 27 de abril de 1973 por Ley 20.324, se produce la transformación jurídica de la ADMINISTRACIÓN GENERAL DE OBRAS SANITARIAS, que pasa a ser persona jurídica de carácter público, denominándose: "EMPRESA OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN" o, en su defecto "O.S.N.", convírtiéndose de esa forma en una de las empresas del Estado Nacional.

Es en el año 1980 que la situación tuvo un cambio fundamental. En esa fecha se produce la provincialización de los servicios de provisión de agua y desagües prestados hasta entonces por OBRAS SANITARIAS DE LA NACION, reservándose a ésta exclusivamente la competencia en el sistema unificado de Capital Federal y 14 distritos del Gran Buenos Aires.

En 1982 se crea el Consejo Federal de Entidades de Saneamiento, con el fin de organizar un sistema de información, elaborar normas y desarrollar tecnología.

En cuanto al Área Metropolitana, el decreto de transferencia a las Provincias previó la transformación de OBRAS SANITARIAS DE LA NACIÓN, en un organismo tripartito con participación de la Nación, la Provincia de Buenos Aíres, y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aíres.

No hubo concentración de opiniones para la creación de este Ente, por lo que no se concretó a lo largo de la década.

La finalidad política era dividir el sistema unificado en unidades operativas separadas, hecho que tampoco se concretó.

En esta década se mantuvo la despriorización de las tarifas y la inversión en la infraestructura, pero por el contrarío no se detuvo la incorporación de usuarios al sistema.

Ello derivó en que en el período 1980-1990 se superara la capacidad de producción de agua y de recepción y depuración de efluentes, llevando al servicio casi al borde del colapso y que la brecha entre la demanda y la oferta fuera cada vez más pronunciada.

La calidad del servicio de provisión de agua bajó notablemente y en el caso de los desagües se derivaron los efluentes sin tratar, por la sobrecarga de las plantas depuradoras, contribuyendo de esta forma notablemente a agravar el problema de contaminación ambiental.
 
 

7. Es debido a la situación imperante en todas las Empresas y Sociedades en las que el Estado se dedicaba a la producción de bienes y servicios que, se decide un cambio estructural fundamental para intentar sanear su situación, mediante el dictado de las Leyes de Emergencia Administrativa y Económica N° 23.696 y N° 23.697 respectivamente. En los anexos de la primera, se hace referencia a los mecanismos de transformación, indicándose tres elementos básicos: a) creación de un ente interjurisdiccional, b) transferencia de servicios a municipios, c) concesión de servicios de comercialización y distribución.

Sin perjuicio de ello, en el proceso de transformación del Estado, se encararon tareas previas, como ser un plan de conservación de emergencia, para asegurar la prestación del servicio.

En el año 1990 se dictó el Decreto N° 2074/90 por el cual se dispuso la concesión de los servicios de distribución y comercialización prestados por la Empresa y la consecuente operatividad de las plantas de producción y tratamiento para la atención de los servicios.

El Decreto N° 1443/91 adecuó el Cronograma Básico de la Concesión de la Distribución y Comercialización de los Servicios de Provisión de Agua Potable y desagües cloacales y también la consecuente operatividad de las plantas de producción y tratamiento para la atención de los servicios.

En el mes de abril de 1991 mediante Resolución MEyOySP N° 97/91 se crea la Comisión Técnica de Privatización de Obras Sanitarias de la Nación, bajo dependencia directa del la Subsecretaria de Obras y Servicios Públicos, en su carácter de autoridad de aplicación.

Su finalidad era:

a) El desarrollo del marco regulatorio y la organización del Ente Tripartito, como verdadera expresión de la presencia del Estado en la regulación y control de los servicios públicos esenciales.

b) La identificación de las áreas críticas y las inversiones mínimas que garantizaran el normal funcionamiento de los servicios.

c) El análisis de la factibilidad técnico-económica del proyecto de concesión.

d) La preparación de los pliegos para el llamado a concesión.

e) La preparación del contrato de concesión y del acuerdo general de transferencia.

f) La invitación a firmas internacionales prestigiosas de Consultora para asesorar a la "Comisión Técnica" se efectuó mediante una "sortée lis" convalidada por el BRIN.

En la precalificación de oferentes y en la adjudicación se tuvo como factor determinante la menor tarifa ofertada.

Bajo la figura del convenio de transferencia, se incluyeron áreas no servidas por agua potable y/o desagües cloacales.

Así las cosas, el 18 de abril de 1993 se celebró el Contrato de Concesión entre el ESTADO NACIONAL y AGUAS ARGENTINAS S.A., proveniente del llamado a Licitación Pública Internacional, estableciéndose en el mismo, las condiciones técnicas y operativas de cumplimiento obligatorio para el adjudicatario, mediante las cuales se aseguraría la prestación del servicio.

La Secretaría de Obras Públicas y Comunicaciones ad referéndum del Poder Ejecutivo Nacional, adjudicó la concesión mediante Resolución N°155/92.

El Concesionamiento de los Servicios se otorgó por el plazo de 30 años y operó a partir del 10 de mayo de 1993 al oferente AGUAS ARGENTINAS S.A., constituido por las firmas LYONNAISE DES EAUX - DUMEZ, SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S.A.. SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA S.A., MELLLER S.A., BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES S.A., COMPAGNIE GENERALES DE EAUX S.A. Y ANGLIAN WATER PLC.

La novel empresa tenía a su cargo metas cuantitativas y cualitativas de cumplimiento para asegurar el control y la calidad del servicio, como operadora del mismo.

El ámbito territorial de la concesión comprendió la Capital Federal y los partidos de Almirante Brown, Avellaneda, Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, Lanús, Lomas de Zamora, Morón, San Fernando, San Isidro, San Martín, Tres de Febrero, Tigre, Vicente López, quedando a cargo de la Concesionaria la prestación de los servicios hasta ese momento a cargo de Obras Sanitarias de la Nación, como así aquellas obras que ésta última hubiera tenido que efectuar.

Las deudas de la Empresa de causa o título anterior a la toma de posesión de cualquier titulo o naturaleza, incluso accesorios y acrecidos posteriores a tal fecha, no fueron asumidas por AGUAS ARGENTINAS S.A. Tampoco los pasivos contingentes de cualquier origen o naturaleza.

Como consecuencia de lo dispuesto en el art. 8° de la Ley N° 18586, el Tesoro Nacional tomó a su cargo las deudas que se originaran en la transferencia de los servicios sanitarios a las provincias desde el 01/01/80.

Asimismo se dispuso que los créditos de OBRAS SANITARIAS DE LA NACION por causa o título anterior a la toma de posesión, facturados o no, reclamados o demandados judicialmente, se encontraran en mora o no, seguirían perteneciendo a la EMPRESA (en liquidación).

AGUAS ARGENTINAS S.A. declinó el ofrecimiento de efectuar las cobranzas de las deudas estuvieran éstas en gestión administrativa o judicial.

Desde el 10 de mayo de 1993 hasta el 23 de agosto de 1993 la EMPRESA atravesó por una etapa "residual".

En esta última fecha mediante el dictado de la Resolución del MINISTERIO DE ECONOMÍA Y OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS N° 906, OBRAS SANITARIAS DE LA NACION fue declarada en estado de disolución y liquidación en los términos del Decreto N° 2394 del 15 de diciembre de 1992.
 

Fuente: Expediente de cierre de Obras Sanitarias de la Nación